Los cuestionamientos a la justicia por parte de Pablo Ramírez, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), causaron reacción en Cuenca.
Según el SNAI, en lo que va de 2022 el sistema judicial aceptó, por medio de hábeas corpus, que 244 presos sean trasladados del Centro de Privación de Libertad (CPL) Turi, en Cuenca, a otras cárceles del Ecuador.
Y es que, de estos, 124 llegaron a la cárcel de Santo Domingo, que registra una sobrepoblación de cerca del 75% y donde este último lunes se produjo un enfrentamiento que dejó al menos 44 muertos.
Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte de Justicia de Azuay, cuya sede está en Cuenca, rechazó “que se pretenda responsabilizar de la crisis carcelaria a jueces y juezas (…)”.
“También somos ciudadanos y ciudadanas que miramos con horror los actos de violencia extrema que se vienen dando al interior de los centros de rehabilitación”, acotó.
Por medio de un comunicado aclaró que la figura legal de hábeas corpus es una garantía constitucional que está consagrada en el artículo 89 de la Constitución del Ecuador.
Detenidos
En el caso de las personas detenidas esta busca que se les garantice, al interior de los centros de rehabilitación, su integridad psíquica, moral y sexual; y su derecho a no ser tratados de forma inhumana.
“Jueces y juezas, no dictamos leyes… no garantizamos la seguridad al interior de los centros de rehabilitación, ni controlamos el ingreso de armas, por tanto, el SNAI es el único responsable de la crisis carcelaria”.
Esto consta en el escrito, en el que asimismo figura que: “ante las masacres que se vienen perpetrando en los centros de rehabilitación es lógico el temor que las personas privadas de la libertad tienen (…).
De acuerdo con Vallejo, la carga de la prueba en este tipo de acciones constitucionales la tiene el Estado, a través del SNAI, para demostrar que no corre riesgo la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia.
“Sin embargo, al llegar a las audiencias, los funcionarios de la indicada institución (SNAI), tienen un papel pasivo y su defensa es nula… en la mayoría de casos, ni siquiera se interponen recursos de apelación”, refirió.
Fuente: El Mercurio
