El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue sin aclarar la denuncia de un supuesto pacto con una de las principales pandillas del país, cuya ruptura pudo desencadenar una ola de violencia que ha desembocado en una «guerra» contra dichos grupos criminales y que llevó a decretar el régimen de excepción.
El Ejecutivo de Bukele solicitó a finales de marzo al Congreso aprobar un régimen de excepción por 30 días tras una ola de asesinatos entre el 25 y 27 de marzo. La medida fue extendida el pasado 25 de abril y se prevé que el régimen continúe por 30 días más a solicitud del mandatario salvadoreño.
En medio de esta situación, una investigación periodística reveló que una supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la referida ola de asesinatos.
Bukele guarda silencio
El medio salvadoreño El Faro afirmó, en una investigación divulgada la noche del martes, haber contactado a supuestos portavoces de la pandilla MS13, quienes les señalaron la relación entre los asesinatos y el «pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio» con el Ejecutivo de Bukele.
De acuerdo con El Faro, la escalada de asesinatos se dio tras la captura de miembros de la pandilla que eran trasladados en un vehículo gubernamental.
Además publicó una serie de grabaciones que supuestamente fueron hechas a Carlos Marroquín, funcionario del Gobierno de Bukele y quien fue sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de negociar con las pandillas.
La investigadora en temas de seguridad Jeannette Aguilar comentó en una conversación telefónica con Efe que «es poco probable» que el Gobierno «salga a dar la cara».
«Yo no creo que (el Gobierno) salga dar la cara, como le correspondería a cualquier gobierno de cualquier país del mundo en donde los ciudadanos necesitamos una explicación, sobre todo porque han habido muertes», dijo.
Apuntó que el Ejecutivo «está obligado a dar una explicación a la ciudadanía y a enmendar el rumbo del enfoque de seguridad».
No obstante, señaló la experta, «a la luz de las características de este Gobierno yo no creo que lo haga, más bien hay incertidumbre en relación a cómo pueda responder, sobre todo porque se ha caracterizado de privilegiar, por encima de los derechos de la población y el bienestar colectivo, su imagen pública».
«En contexto, considero que, lo que se está preparando es una nueva estrategia mediática para desviar la atención e intentar neutralizar todos los cuestionamientos y señalamientos tras la publicación de la investigación de El Faro», señaló.
Efe intentó conocer la postura del Gobierno ante dicha situación mediante un contacto de prensa de la Secretaría de la Comunicación, pero no se obtuvo respuesta.
«Contra respuesta más violenta»
Para la investigadora, lo revelado por El Faro «confirma que no se trata de una iniciativa aislada de una persona, en este caso Carlos Marroquín, si no que se trata de una política de Gobierno que se mantuvo durante dos años y medio».
Además señaló que «esto genera dudas de las diversas implicaciones de todo lo que se pudo negociar en este contexto, que es algo que no se sabe con exactitud, y qué nivel de penetración de las pandillas se ha logrado a nivel del ámbito estatal».
La reconocida investigadora, quien fue directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), apuntó que una de las consecuencias inmediatas podría ser «una contra respuesta más violenta de las pandillas una vez logren reorganizarse y acomodar su operatividad y redes que en este momento están replegadas».
Fuente: El Mercurio
