Polémicos fallos judiciales, falta de independencia judicial, las disputas internas, procesamientos de autoridades en la justicia ordinaria, anuncios de juicios políticos y un intento de llenar siete vacantes de jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia (tema pendiente desde 2019), son hechos que marcaron la Justicia ecuatoriana en 2023 y que obligan a buscar una oportunidad de cambio para este 2024.
¿Cómo recuperar la credibilidad en la función judicial? La Federación Nacional de Abogados considera que los hechos ocurridos en 2023 determinan la necesidad de que Daniel Noboa, presidente de la República, haga constar en la consulta popular preguntas sobre las fuentes de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y sus atribuciones.
Los vocales del CJ son designados de ternas enviadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría Pública.
José Alomía, expresidente de la Federación de Abogados, cree que la conformación del CJ es la causa de la politización de este organismo, y plantea que el “gran elector” de los vocales sean los abogados en libre ejercicio, de la Función Judicial o del sector público o privado, en votación universal, directa y secreta.
En ese proceso, los candidatos deberían cumplir requisitos de especialización o posgrado en materia administrativa, constitucional, con experiencia en función pública, privada, etc. Luego el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificaría los requisitos, convocaría a votación y de entre los diez más votados, los cinco primeros se designarían como principales y los otros cinco como suplentes.
“Así se despolitizaría a la Justicia del sector político que es el más contaminado, y que contamina a la Función Judicial”, afirmó Alomía.
Dependencia político-administrativa
La Judicatura tiene la atribución de controlar, designar al ente de control, evaluar, sancionar, organizar los concursos, otorgar permisos, etc. Sin embargo, Alomía cree que, con esta dependencia político-administrativa, “nunca habrá independencia. Esto es lo que genera pugnas y daña la imagen de la institución”, advirtió Alomía.
A esto se suma que, la actual estructura del CJ dificulta a sus integrantes poder realizar grandes cambios. Alomía cree que, en el tiempo que les queda de gestión (enero de 2025) solo les alcanzará para tratar de evacuar proyectos y resoluciones que dejó pendiente el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán.
Pero no podrán generar modificaciones sustanciales como ir hacia un cambio de modelo de gestión que “nos atosiga y asfixia a los abogados en libre ejercicio todos los días”.
El 23 de enero, la actual conformación de la Judicatura cumplirá cinco años de gestión. Las autoridades fueron designadas para seis años (hasta enero de 2025), y según los registros de la Federación de Abogados, en este periodo solo se evaluó entre 10 y 12 jueces de la CNJ pero hasta el momento no se ha calificado la gestión de jueces provinciales, distritales, ni notarios.
Alertó que la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura no llega ni al 2%. “Hay un 98% de funcionarios que estarían ilegalmente en funciones porque no han sido evaluados”, dijo.
Fuente: La Hora
