El Pleno de la Corte Constitucional (CC) sesionó de forma virtual este miércoles, 12 de enero del 2021, y en su agenda constaban 10 puntos a tratar, entre ellos la resolución del pedido de consulta popular de la Mancomunidad del Chocó Andino para eliminar la minería metálica y acciones de inconstitucionalidad presentadas por movimientos animalistas en contra de los espectáculos taurinos.
Hasta el cierre de esta edición (17:30), no se dieron a conocer ninguna resolución de la CC.
La Mancomunidad del Chocó Andino engloba a las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Buscan que la CC dé paso a su solicitud para convocar a una consulta popular, con el objetivo de conocer la posición de los quiteños respecto a que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal, a pequeña escala, a mediana escala y a gran escala en las zonas de la Mancomunidad.
Inty Arcos, biólogo y asesor técnico de la Mancomunidad, es uno de los activistas que presentó la solicitud a la CC en noviembre del 2021. En las áreas del Chocó Andino “es donde están los últimos ríos limpios de Quito (…). Estamos pidiendo que nos permitan ejercer nuestro derecho a decidir sobre el futuro de este territorio”, expresó en una rueda de prensa, en los exteriores de la CC.
La abogada de la Mancomunidad, Sylvia Bonilla, explicó que, si la CC emite su dictamen favorable, posteriormente se podrá solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el formulario para la recolección de firmas y que se convoque a la consulta popular en Quito.
Hay 12 concesiones mineras entregadas y otras seis que están en trámite, que contaminarían al medioambiente, a criterio de los representantes de la Mancomunidad. Bonilla señaló que ninguna de las 12 cumplió con el requisito previo de consulta ambiental a las comunidades que podrían ser afectadas. Por lo que tales concesiones “son ilegales”.
En cambio, Rodrigo Izurieta, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló que hay varios tipos de consulta. La consulta previa no vinculante es solo para “casos muy específicos, en territorios remotos con poblaciones muy vulnerables, que su forma de vida puede verse afectada. La otra es la consulta ambiental, pero esa responsabilidad no es de la compañía (minera) sino del Estado (a través del Ministerio del Ambiente)”. El Estado ha cumplido con esta obligación antes de otorgar cualquier permiso ambiental, de lo contrario se paraliza el proyecto, recordó.
Fuente: El Mercurio
