Según las encuestas difundidas por el INEC y consultoras privadas en el último año, las grandes preocupaciones de los ecuatorianos son temas como la situación económica, lo que implica empleo e incertidumbre de cara al futuro, ahora en menor medida la salud dada la aplicación del plan vacunación, y otro de ellos es la inseguridad. Este aspecto incluso ha tomado mayor relevancia luego de lo que pasó en la cárcel de Turi en febrero y hace unas semanas en la Penitenciaria del Litoral. Aterrizando aquello en la realidad del Azuay, ¿qué diagnóstico ha podido hacer sobre la situación actual de la inseguridad en Cuenca y el Azuay al cabo de estas semanas en el cargo?
Ante todo hay que tener presente de que venimos de un año atípico, con niveles de inseguridad que estuvieron muy por debajo del promedio histórico porque obviamente todos nos manteníamos dentro de nuestros hogares. Ahora, si comparamos con la media o con un promedio previo a la pandemia, la mayoría de índices que nos permiten evaluar los niveles de inseguridad están por debajo del histórico, y en total, más o menos, tendríamos un 26 por ciento menos de incidentes que en tiempos regulares. Por supuesto la comparación no tiene que ser con el pasado ni con otras provincias, porque en efecto también Azuay es una provincia por su población bastante segura en relación a las otras provincias del país. La comparación tiene que ser siempre con lo que tenemos ahora hacia adelante, y eso nos obliga a tomar las medidas de seguridad, lanzar iniciativas, coordinar acciones y articular a las dependencias y a los niveles de Gobierno para garantizar la seguridad de los azuayos.
Según el Observatorio del Consejo de Seguridad Ciudadana los rubros más denunciados en Cuenca entre los meses de enero y junio de este año fueron casos de violencia intrafamiliar, lo que se agudizó durante la pandemia, así como accidentes de tránsito, robo y hurto. ¿Qué lectura tiene de estos datos?
Todos esos ítems, como en el caso de robo y hurto y demás, se mantienen por debajo del promedio histórico a excepción del robo a motocicletas, que debe ser una consecuencia de que en la pandemia se incrementó significativamente el uso de motocicletas por todo el tema de entregas a domicilio. Eso ha hecho que al haber una población más grande de motos exista también una repercusión en los indicadores, pero lo más importante es lo que se señala respecto a la violencia intrafamiliar. El estar hacinados durante un año complejo sin duda acentuó los problemas internos entre las familias y por supuesto la violencia que se da entre sus miembros y particularmente hacia las mujeres, como señalan las estadísticas. En este sentido como Gobernación del Azuay se ha lanzado un plan de seguridad que ya lo estamos empezando a desarrollar y que incluye como objetivo central prevenir, disuadir y controlar. No queremos únicamente generar respuestas a los hechos, sino también ir construyendo bases para paliar de forma estructural los problemas que existen.
Quisiéramos abundar en el tema de la violencia de género. Si bien con la pandemia aquello se ha evidenciado, es algo que ha sucedido siempre. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado ecuatoriano para erradicar o al menos disminuir las cifras de algo que ha sucedido toda la vida?
Durante la pandemia la violencia de género se acrecentó por la forzada convivencia que tuvimos. En los hogares se ha podido registrar un incremento de este tipo de delito, y en algunos casos con consecuencias en femicidios. Creo que la lógica de seguridad es la misma, se tiene que prevenir, disuadir y controlar, y ahí también tiene que haber un respaldo y apoyo directo de la justicia, de la Función Judicial, para que haya las oportunas respuestas y dé las garantías a quienes hagan los testimonios, y sobre todo que haya sanciones oportunas, y desde el Estado a través de las diferentes secretarías que están a cargo se pueda seguir con procesos de educación, de prevención, pero también tiene que ser un trabajo coordinado con la justicia, que es la que impone las penas al final del día.
¿Qué tanto influye en la percepción de inseguridad en Cuenca la presencia de la Cárcel de Turi, más aún tomando en cuenta la matanza del pasado febrero que dejó 34 fallecidos?
Sin duda es un elemento negativo dentro de nuestra convivencia diaria, eso lo sabemos y no hay como ocultarlo. En realidad todos conocemos cuál fue el espíritu original del CRS Turi, todos tenemos presente, o al menos ese es el posicionamiento que está en la ciudad, de que era una cárcel de alcance regional. Con el tiempo y sus necesidades el propósito original ha ido mutando hacia lo que es ahora, una cárcel que alberga PPLs de todo el país y todos los niveles de peligrosidad, eso no hay cómo ocultarlo. Y más aún la percepción negativa hacia este espacio se da por los acontecimientos relativamente recientes de febrero y que causaron conmoción en todo el país y a nivel internacional incluso. La gestión tiene que ir hacia recuperar ese espíritu original, sin duda. Este rato estamos dentro de un estado de excepción para los centros penitenciarios con el propósito de precautelar y respetar los derechos humanos de los privados de la libertad y garantizar la seguridad a la interna, y para ello estamos llevando a cabo algunas acciones. Por un lado estamos con un doble cerco militar y policial en el perímetro del CRS para cualquier contingencia. Continuamente estamos realizando simulacros de todo tipo, requisas en el CDP. También están activadas las alertas en su nivel máximo y se ha podido medir y evaluar los tiempos de respuesta cuando se han hecho los simulacros, en qué tiempo se puede disponer de todas las fuerzas policiales que están asignadas para ello, la respuesta que tienen las Fuerzas Armadas, la respuesta a nivel de la interna de los ASP (Agentes de Seguridad Penitenciaria). También estamos con la alerta máxima con el personal de los guías penitenciarios, el grupo especial de operaciones, en general de la Unidad de Mantenimiento del orden.
Fuente: El Mercurio
