Con seis votos a favor y una asambleísta ausente, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que agrupa a las autoridades de la Asamblea Nacional, resolvió llamar la atención a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, a quien acusan de dilatar el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, se le advierte que, de persistir en las actitudes, se le aplicarán sanciones.
“El Consejo de Administración Legislativa ha resuelto sentar un precedente o un fuerte llamado de atención a las estrategias dilatorias que se convierten en una burla a la seguridad jurídica y a todos los ecuatorianos”, afirmó Ronny Aleaga (correísta), quien integra el CAL.
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, convocó a la sesión del CAL para verificar el cumplimiento de la resolución que tomó este organismo el pasado 31 de marzo, cuando avocó conocimiento del juicio en contra del mandatario y remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización, donde se le debía dar trámite de forma inmediata, pero no fue así.
El artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que, una vez recibido el expediente, la Comisión de Fiscalización debe reunirse inmediatamente para avo- car conocimiento del pedido de juicio político e informar de la investigación al jefe de Estado.
Pero Villavicencio convocó a la sesión para iniciar el trámite tres días después, reunión en la que además se negó a notificar al mandatario, pues decidió solicitar a los ponentes una singularización de la prueba, requisito que no está previsto en la norma, lo cual dilató el tema por tres días más.
La dilatación del proceso tuvo su fin el jueves, cuando el presidente Guillermo Lasso de dio por notificado del juicio en su contra, lo que coincidió con el fin del plazo de 72 horas que Villavicencio les otorgó a los solicitantes del juicio, para que singularicen la prueba, acción que, por cierto, se negaron a cumplir, tras lo cual el presidente de la Comisión de Fiscalización, finalmente, realizó la notificación.
En la resolución de ayer se le solicitó a Villavicencio que cumpla “cabalmente” lo que ha decidido el CAL; se le exigió a la Comisión de Fiscalización que aplique de manera “directa y sin dilaciones” la normativa que corresponde al juicio político al presidente de la República y le pidió que se abstenga de emplear normativa procesal ordinaria ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios establecidos en la LOFL.
“Debiendo, en tal virtud, abstenerse de generar cualquier intento de entorpecer, dilatar y obstaculizar el debido proceso dentro del procedimiento establecido para el efecto”, puntualizó el CAL en su resolución.
Fuente: La Hora
