Linchamientos y agresiones a presuntos delincuentes se dan por la desconfianza en el sistema de justicia, asegura experto en derechos. Recomienda llegar solo hasta a neutralización de los sospechosos.
Habitantes de Guzho, Cuenca, incendiaron un vehículo de presuntos delincuentes. Letreros en los que se advierte que los vecinos tomarán medidas. Esas y otras acciones extremas constituyen una reacción de hastío de la gente ante la inseguridad y el asecho de grupos delictivos.
Sin embargo, esa “justicia por mano propia es ilegal”. Así lo enfatizó el experto en derechos humanos, César Zea, luego de los hechos suscitados la noche del 8 de febrero, en el que los moradores de Guzho, al sur de Cuenca, incineraron un automotor.
Zea sostiene que el derecho a la legítima defensa es permitida, pero su extralimitación constituye un delito. “La inseguridad que vivimos los ecuatorianos hace que entremos en un proceso de desesperación… y cuando no hay una verdadera reacción del Estado y los organismos llamados al control público y la baja credibilidad, con miembros policiales involucrados en delitos, hace que la ciudadanía busque alternativas para defenderse”, comentó.
Si bien son fruto de la desesperación, no son acciones legales y, contrario a lo que buscan, trae consecuencias judiciales. Un ejemplo de esto ocurrió en 2018, en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil, en donde tres personas fueron “ajusticiadas” por la comunidad, por presuntamente estar implicados en el delito de robo de menores.
Por este hecho, se procesó a 11 personas, 7 de las cuales recibieron una condena de 34 años y 8 meses de cárcel. La sentencia fue por asesinato más agravantes y los otros tres fueron sentenciados a 17 años y 4 meses de prisión, en el grado de cómplices.
El experto advierte que los riesgos por extralimitar la legítima defensa van desde perseguir a personas inocentes hasta caer en el delito de asesinato.
¿Hasta dónde pueden llegar los grupos o vecindarios organizados? Zea recomienda que, tanto la fuerza pública como la comunidad, pueden llegar hasta la neutralización y retención del sospechoso. “Hasta allí llega su intervención” agrega.
El barrio Virgen de Bronce es uno de los que se ha organizado para enfrentar a la delincuencia. Oliver Mejía, presidente del sector, detalló que cuentan con una brigada, cámaras de videovigilancia, sirenas y chats comunitarios como prevención y alerta ante los hechos delictivos.
“Detenemos a los sospechosos, pero no les agredimos”, agregó el directivo. Él tiene claro que el exceso de violencia no es legal, por lo tanto, los miembros de la comunidad saben que no está permitido extralimitarse.
Según detalló Mejía, son más de 20 los hechos delincuenciales que han enfrentado como comunidad, entre ellos, robo a personas, venta de droga y estafadores.
Para tener mayor atención y apoyo, han realizado tres marchas exigiendo mayor seguridad para el barrio. A esta iniciativa se han sumado habitantes de los barrios adyacentes como La Cascada y Las Delicias, con quienes ya coordinan acciones en materia de seguridad.
Fuente: Mercurio
