Un segundo proyecto minero, de los tres que hay en Cuenca, se paraliza. Esta vez es Loma Larga, conocido también como Quimsacocha, que se extiende hasta el cantón San Fernando.
Carlos Cárdenas, juez de la Unidad Judicial de Trabajo, de Cuenca, el último martes resolvió la suspensión de esta concesión minera, por falta de una consulta previa a los habitantes de las comunidades de esta zona.
La empresa Dundee Precious Metals, de Canadá, es la propietaria de esta área minera, donde se calcula que hay 33.384 toneladas (tl) de cobre; 10,5 millones de onzas de plata y 1,86 millones de onzas de oro.
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) fue la que presentó, a inicios de este año, una acción de protección, con la que finalmente ahora logró detener esta intervención minera.
FOA
Lauro Sigcha, presidente de la FOA, considera a esto como el “triunfo” de una lucha que inició hace unos 30 años, para la protección de las fuentes de agua en los páramos de Kimsakocha.
“El día de hoy vale la pena resaltar tanto sacrificio, tanto esfuerzo de casi tres décadas de resistencia… Tanta persecución que hemos recibido, ha habido detenidos, sentenciados (…)”, precisó.
Sigcha señaló que en esta zona cada día se producen unos 300.000 litros (lt) de leche, además de gran variedad de productos agrícolas. Por eso destacó el potencial productivo en agricultura que tiene este sector.
“Hay que reconocer a la nueva generación de defensoras y defensores del agua… En Cuenca ocho de cada 10 ciudadanos está apoyando la lucha y la defensa del agua…”, insistió.
Consulta previa
Juan Patiño, abogado e investigador en legislación ambiental, explicó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 57, establece un derecho que tienen las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades.
Se trata del derecho a que se les plantee una consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables.
“En estos casos de los proyectos mineros el Gobierno Nacional antes de darles los permisos debió consultar a los pobladores de esa zona para conocer su opinión, esto es algo obligatorio…”, precisó.
Acotó: “además hay pactos, convenios, declaraciones y una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos donde consta este derecho y otros derechos colectivos…”, manifestó.
Minería ilegal
Para Manuel Larriva, ingeniero en medio ambiente y consultor para tramitar licencias ambientales, la suspensión de estos proyectos mineros genera el riesgo de que llegue la minería informal a estos lugares.
“Hay redes de mineros ilegales, que saben que allí hay oro y que están dispuestos a posesionarse en esos espacios para sacar ese oro a como de lugar, con violencia, con intimidación, con amenazas…”, mencionó.
Advirtió que la minería artesanal genera graves problemas además de ambientales, sociales como la violencia, los crímenes, extorsiones, lavado de activos, prostitución y otros.
Fuente: Ecuadorenvivo
