Quito.- Luis Patricio C. Q. mantuvo secuestrada y con vida a Diana Judith V. Y. durante 13 días. Para liberarla, exigía 3.000 dólares a sus familiares. Continuó pidiéndoles el dinero, aun cinco días después de haber asfixiado a la víctima y arrojado el cuerpo al costado de un paso peatonal en el sector de La Argelia, en Quito.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía, más de 35 elementos recolectados durante la investigación –y presentados como pruebas por la fiscal María Susana Rodríguez en la audiencia de juzgamiento instalada el 11 de julio de 2022– demostraron que el procesado es autor directo de secuestro extorsivo con resultado de muerte.
El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, con base en el conjunto probatorio, lo sentenció a cumplir la pena máxima de 26 años de privación de la libertad. Como reparación integral para la familia de Diana, los jueces ordenaron la entrega de 20.000 dólares por parte del agresor. Además, el pago de una multa de 1.000 salarios básicos unificados a la administración de justicia.
Sin pruebas de vida
La mañana del 23 de julio de 2021, Diana –estudiante universitaria de 27 años y madre de un niño– salió de su casa a la entidad financiera en la que laboraba, pero no llegó, según el testimonio de un compañero de trabajo de la víctima.
Pasadas las 13:00, el secuestrador marcó desde el teléfono de Diana al celular del esposo: “Diana me dijo que estaba secuestrada y que piden 3.000 por su rescate, que consiga el dinero”, relató el cónyuge.
Luis Patricio no permitió que continúe la conversación y le quitó el teléfono: “ya hablaste con ella, ahorita ya sabes lo que queremos, ya te mando una foto de tu mujer”. Acto seguido, colgó y envió una fotografía de Diana sentada en un baño, amarrada de pies y manos.
Tanto la conversación como la fotografía fueron los últimos registros de vida que recibió la familia. Luis Patricio desactivó el teléfono de la víctima y entre el 23 y el 27 de julio realizó cinco llamadas extorsivas desde cabinas telefónicas ubicadas en el norte y sur de la ciudad.
Retomó el contacto telefónico el 9 de agosto para preguntar si ya contaban con el dinero del rescate. Ese día –les dijo–, la liberación “podría ser en Aloag después de que paguen”.
Para la fiscal del caso, las evasivas e incertidumbre fueron características de estas comunicaciones, ya que el secuestrador preguntaba a la familia si ya tenía el dinero, pero no entregaba más pruebas de vida; tampoco precisaba un día, lugar y hora para recibir el dinero y liberar a la víctima.
Fuente: La Hora
