Amnistía Internacional (AI) mostró su «preocupación por la impunidad» que se mantuvo en Perú en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y alertó sobre la lentitud de las investigaciones sobre la muerte de dos jóvenes manifestantes en noviembre de 2020.
En su dossier de Tortura de 2022, la organización enfatizó que «avanzaban muy despacio» las investigaciones de la Fiscalía sobre las muertes, en medio de la represión policial, de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las multitudinarias protestas de noviembre de 2020 contra el breve gobierno de Manuel Merino.
«Pese a que el Gobierno concedió a las familias ayuda económica y en materia de salud y educación, el derecho de éstas a la verdad y la justicia no se había realizado al concluir el año», remarcó.
El pasado 17 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada por la Fiscalía contra Merino, su ex primer ministro Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la muerte de Sotelo y Pintado.
Los tres ex altos funcionarios habían sido acusados en octubre pasado por la entonces fiscal de la Nación (general) Zoraida Ávalos como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves, en el contexto de grave violaciones a los derechos humanos.
Fuente: EFE
