La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) preparará acciones de protesta territoriales antigubernamentales para rechazar las actividades extractivas mineras.
El movimiento indígena mantuvo una asamblea plurinacional nacional este sábado 15 de julio, en la que discutió acciones para fortalecer a sus bases e implementar una propuesta alternativa de gobierno para los próximos meses.
La cita se dio en la Casa de la Cultura de Quito, a la que asistieron delegados de varias organizaciones sociales afines a la Conaie. En ella se debatió impulsar líneas de acción relacionadas con la construcción de un plan de gobierno antineoliberal para las elecciones nacionales del 2025; fortalecer al movimiento político Pachakutik (PK) y también trabajar en una campaña electoral «masiva» para este 11 de agosto, en la que se promoverá el Sí a las consultas populares para mantener el crudo bajo tierra en el bloque 43 del Yasuní ITT y evitar la minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino, que se realizarán el 20 de agosto próximo en conjunto con las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.
Al final de la jornada, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, anunció que en los próximos días mantendrán reuniones con el Frente Nacional Antiminero para preparar movilizaciones y acciones de rechazo a la explotación minera con proyectos impulsados desde el Gobierno nacional.
Iza refirió que los territorios están siendo militarizados para aplicar la consulta ambiental, lo que estaría provocando enfrentamientos con los habitantes, como había sucedido en el cantón Las Naves (Bolívar) este último fin de semana y que habría dejado dos dirigentes detenidos.
Según dijo, estos hechos se dan a propósito de la emisión del Decreto Ejecutivo 754, en el cual el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso reformas al reglamento al Código Orgánico Ambiental relacionadas con la aplicación de la consulta previa, libre e informada para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
«Luego de la muerte cruzada (disolución de la Asamblea Nacional), hay decisiones ilegales e ilegítimas como el Decreto 754. El presidente Lasso está obligado a llevar a cabo la consulta previa, pero lo que intenta el Gobierno hacer es simplificar los procedimientos vía decreto. Eso es tremendamente lesivo para los territorios y zonas productivas. Con la aplicación de la consulta ambiental ha militarizado las zonas» manifestó el dirigente.
No serán las comunidades indígenas las que «demos de comer a las grandes ciudades, las que carguemos con la violencia de la minería. No pueden venir a contaminar y matar en nuestros territorios. Vamos a decidir acciones en territorio y no vamos a permitir que sigan criminalizando a los compañeros y acabando con nuestros territorios en donde está el agua», añadió.
Fuente: Universo