Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores en décadas, cumplen dos años este martes 11 de julio de 2023, con cientos de condenados pese a los llamados del Vaticano y otros países, y un contexto político-económico no muy distinto al que provocó aquel estallido social.
En las calles de Cuba no queda rastro de aquellas manifestaciones que congregaron, en medio de una grave crisis económica y en plena emergencia pandémica, a varios miles de personas por todo el país de forma eminentemente espontánea y mayoritariamente pacífica.
Las protestas galvanizaron temporalmente a críticos, opositores y activistas, politizaron a parte de los sectores más pobres y desideologizados del país (en muchos casos afrocubanos) e hicieron que el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) cerraran filas en lo político y lanzaran alguna reforma económica.
También desataron una ola de represión. En las manifestaciones se arrestó a más de 1.000 personas, de las que varios centenares han sido condenadas hasta la fecha, algunas a penas de hasta 30 años de prisión por el delito de sedición.
El Gobierno cubano tachó de «contrarrevolucionarios» a los manifestantes y aseguró que estaban organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema comunista imperante en la isla desde 1959.
«La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios», dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una controvertida intervención televisada.
La organización Justicia 11J ha documentado en estos últimos 2 años la detención de 1.860 manifestantes (el 84 % por las protestas de hace 2 años), de las que 782 continúan en prisión y 911 han sido sancionadas. Otras 91 han marchado al exilio.
No hay datos oficiales recientes. A principios de 2022, la Fiscalía General de la República informó que 790 personas habían sido procesadas por hechos relacionados con el 11J, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.
Estas cifras han provocado reacciones en parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos o la Unión Europea, y entre ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han exigido la liberación de los presos.
La intermediación más articulada hasta la fecha ha sido la del Vaticano, aunque por el momento no ha dado frutos.
En febrero el cardenal Beniamino Stella, enviado especial del papa, visitó Cuba y aseguró en público que Francisco «desea» la «libertad» de los presos. Díaz-Canel se reunió con él y prometió buscar «solución» a «las expectativas de ambas partes».
Fuente: EFE
