La liberación de dos femicidas y la muerte de una mujer en Cuenca solo deja en evidencia que la violencia contra la mujer es un mal que esta lejos de acabar. Cada vez hay menos confianza en el sistema de justicia y sus funcionarios.
La liberación de Carlos Flores Santander y Luis Eduardo Cordero, sentenciados por femicidio en Azuay, estremeció a las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, a expertos y ciudadanos sobre el sistema de justicia y el actuar de sus funcionarios.
Flores fue sentenciado a 35 años de privación de la libertad por la muerte de Cristina Palacios en marzo de 2017, mientras que Cordero recibió 34 años y 8 meses por la muerte de Bertha Minchala en noviembre de 2016. Ambos casos ocurrieron en Cuenca.
La medida de excarcelación fue otorgada el jueves 2 de marzo de 2023 por la jueza multicompetente del cantón Montecristi, pero fue revocada un día después tras la presión social de organizaciones y la reacción del presidente Guillermo Lasso.
Pese a ello, se agudizaron las dudas por el actuar de los funcionarios de justicia y se cuestiona al sistema de judicial.
Para María Isabel Cordero, directora de Fundación Sendas, lo más grave es la facilidad que tienen los victimarios y delincuentes para salir en libertad.
El sentenciado Flores, por ejemplo, solicitó tres veces su libertad en Cuenca y las tres le fueron negadas hasta que su petición llegó al juzgado de Montecristi. Por esa resolución, Cordero considera que la juez debe ser sancionada y, tanto Flores como Cordero, retornar a prisión.
“Ahora (luego del anuncio de revocatoria de medidas) lo que esperamos es que den con su paradero”, enfatizó la activista.
Para ahondar la crisis de un sistema judicial que no favorece a las mujeres, agrega Cordero, el Estado no ha garantizado su protección al desmantelar instituciones garantes de la Ley como las comisarías de la mujer y el Ministerio de Justicia.
Además, el actual Ministerio de la Mujer se ve restringido por la falta de recursos financieros para tomar acciones reales.
No es percepción que la violencia es fuerte en Azuay, asegura Cordero. Según las estadísticas recientes, 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia en Azuay, cuando la media en el país es de 7 de cada 10.
Con estos datos coincide la segunda encuesta nacional sobre violencia contra la mujer realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2019, en que se revela que la prevalencia de la violencia en la provincia es la más alta del país.
Con estas cifras, «la solución debe ser radical y sin consentimientos», enfatizó la activista.
Lola Balladares, especialista en temas de violencia de género, argumentó que la base principal de este problema en el país es la naturalización de la violencia y la discriminación que sufre la mujer.
A ella le preocupa que los altos índices actuales de violencia se mantengan y le llama la atención que Cuenca y Azuay tengan un índice más alto que la media nacional.
En materia legal, considera que existe la necesidad de que en Ecuador se activen todos los estándares de protección de derechos humanos para las mujeres establecidos en la Constitución y en las normas internacionales que el país ha ratificado.
“Pienso que Ecuador ha avanzado en materia de derechos contra la violencia hacia la mujer, con acciones como tipificar el femicidio en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) y agregar la reparación para las víctimas”, comentó.
Pero la dificultad que existe es la falta de aplicación de esos estándares y, desafortunadamente, en Ecuador hay un imaginario cultural que legítima la violencia y la discriminación contra las mujeres.
Fuente: Mercurio
