Los retiros que deben cumplir los predios en Cuenca son el foco actual del debate del Concejo Cantonal, que ayer retomó el tratamiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).
Después de una pausa de 10 días por el paro nacional, el Cabildo se instaló en una sesión extraordinaria para avanzar en el debate que lleva casi dos meses.
En la sesión de ayer, los concejales debatieron sobre los retiros de los ejes viales estatales: Panamericana Norte y autopista Medio Ejido.
En esas vías actualmente no existe el retiro establecido de 25 metros, asegura el concejal Alfredo Aguilar. “Es una realidad que nadie cumple, no hay una sola construcción que esté retirada desde el eje vial estatal”, enfatiza.
Aguilar asegura que los propietarios de dichos predios se ven perjudicados con la normativa vigente porque no pueden construir, por lo que, a su criterio, “se debe regular sobre la realidad de Cuenca”.
El concejal sostiene que, según las competencias del GAD Municipal de Cuenca, el Cabildo local puede definir determinantes propias, “respetando la categoría de las vías estatales para no depender del centralismo absorbente de Quito”.
En este contexto, en la Ordenanza se propone unretirode7,9y11 metros en diferentes tramos, dependiendo de la consolidación, “para empezar a dar solución a los ciudadanos que buscan construir su local comercial o casa de habitación”, explica el edil.
Otro problema que actualmente tienen algunos ciudadanos es que sus predios están afectados desde hace varios años, pero no reciben indemnización alguna hasta la fecha.
Por tal motivo se piensa incluir en las disposiciones transitorias el pago inmediato o el levantamiento de esta medida.
Ayer, el Concejo Cantonal también trató las restricciones por afectaciones de quebradas, ríos y vías estatales que forman parte ya de la zona urbana.
La ubicación de la zona de tolerancia es otro punto álgido de la Ordenanza, que casi ha logrado un consenso, pero no ha sido aprobado.
En la propuesta existe una disposición transitoria que determina que, en el plazo de 30 días después de aprobada la Ordenanza se tiene que hacer una consultoría, en lo posible con una de las universidades de la ciudad, para determinar lugares donde se pudieran emplazar estos establecimientos. La última palabra la tendrá el Concejo Cantonal.
Fuente: Ecuadorenvivo
