El flagelo del crimen organizado y del narcotráfico, a los que se suman la delincuencia común y una crisis carcelaria sin precedentes, ubican a Ecuador como el país con el aumento más acelerado de homicidios de toda la región y reflejan que la realidad supera a la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso.
Si en 2021 la nación andina registró más de 2.400 asesinatos, alcanzando los 14 homicidios por 100.000 habitantes (la tasa más alta en una década, según la fundación InSight Crime) y prácticamente doblando la cifra de 2020, solo entre enero y abril de este año ya van más de 1.200 muertes violentas contabilizadas por la Policía Nacional.
El docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Daniel Pontón recuerda que Ecuador experimentó entre 2009 y 2010 tasas cercanas al 19, pero vaticina que si nada impide la tónica actual, «se podría superar con creces esa cifra y estar a la par que países centroamericanos o Venezuela».
Coincide con él Carolina Andrade, experta en seguridad ciudadana, al subrayar que si el Ejecutivo no toma acciones de contención, como el último estado de excepción focalizado en tres provincias, «podríamos dispararnos a niveles muy cercanos a México«, que cerró 2021 con una tasa de 25,8, conforme al Observatorio de Homicidios del Instituto Igarapé.
Formas inéditas de violencia
Cifras aparte, el repunte de la violencia con formas hasta ahora inéditas se evidencia este año en sucesos tales como la aparición de cadáveres colgados de un puente en la provincia de Guayas, vehículos bombas en Esmeraldas tras decomisos importantes de droga, así como la explosión de drones en entornos carcelarios, que apuntan a una «mexicanización» de las prácticas delictivas.
«Esta violencia no solo es cuantitativa, sino cualitativa y bajo una lógica de amplificación mediática que genera mucha preocupación», alerta Pontón sobre un fenómeno «que empieza a ser cotidiano» y llegar a tener un efecto de «derrame».
El síntoma más claro del deterioro de la situación en un país que, hasta hace poco más de un lustro era considerado el segundo más seguro de Suramérica, es el repunte de los sicariatos bajo modalidades que van más allá del ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
Esta práctica está generando verdadera conmoción social porque muchos son grabados por cámaras de vigilancia a plena luz del día, incluso ante la presencia de niños y con objetivos variopintos que van desde una fiscal, abogados y empresarios hasta individuos aparentemente no vinculados a actividades delictivas.
«Al principio el Gobierno planteaba que era un problema entre bandas del narcotráfico, pero empieza a haber sicariatos para resolver conflictos triviales», insiste Pontón al anotar que el 70 % de las provincias ecuatorianas muestran tasas significativas de homicidios.
Fuente: Expreso
