ONG ambientalistas y de derechos humanos, demandantes de comunidades indígenas y juristas censuraron este lunes el reciente fallo de un juez en Ecuador que negó una acción de protección a favor de las comunidades y la naturaleza en Intag, área que forma parte de una de las zonas más megadiversas del mundo.
La sentencia la emitió el viernes un juez de la unidad multicompetente del cantón Cotacachi, en la región andina, tras un breve proceso judicial a raíz de la acción presentada contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; el de Energía y Recursos no Renovables; y la Procuraduría.
Los demandantes acusan a esas instituciones del Estado por no haber cumplido sus obligaciones de realizar una consulta ambiental y tomar las medidas de precaución y restricción en favor de los derechos de la naturaleza a la hora de dar luz verde a concesiones mineras en esa región de importancia biológica.
«Pese a la claridad y la contundencia del caso y las pruebas, el juez negó la acción de protección. Omitió tutelar los derechos constitucionales de las comunidades y de la naturaleza», explicó hoy en una rueda de prensa virtual el defensor del caso, Carlos Varela.
El letrado añadió que pese a varios informes científicos de países como Japón, España, Chile, Reino Unido y Ecuador que apuntaban al impacto ambiental de la actividad minera en esa región, «no se consultó a las comunidades».
Según Varela, a las poblaciones residentes en Intag se las «desinformó» y sedujo «utilizando derechos como la salud y educación, construcción de carreteras como moneda de cambio para evitar que la gente se pronuncie y conozca los verdaderos riesgos que implica para su comunidad».
Las entidades demandadas facilitaron el inicio de actividades mineras dentro de la denominada concesión Llurimagua y alegaron que en 2014 se desarrolló una consulta a las poblaciones, algo que éstas niegan.
Cenaida Guachag, representante de las comunidades en Intag, detalló en la comparecencia que llevan «25 años de lucha en la cual muchas empresas han intentado arrebatarnos nuestros derechos».
Acusó a las autoridades ecuatorianas de «vivir en otro planeta porque no se dan cuenta de las afectaciones que causan esta clase de proyectos» y aseguró que las poblaciones afectadas por las actividades mineras «jamás fueron consultadas sobre el proyecto».
Por su parte, Andrea Terán, bióloga del caso, consideró que la sentencia «sienta un precedente muy negativo» y criticó que el estudio de impacto ambiental elaborado por las autoridades incumple su cometido de ser «un instrumento para poder prevenir, mitigar y proteger la biodiversidad de la zona y la gente».
Fuente: El Mercurio
