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Asambleísta cuestiona a Superintendenta por control en fraudes informáticos

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanza en la fase de pruebas, como parte del pedido del juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. El interpelante, Darwin Pereira de Pachakutik, presentó las causales para el proceso este miércoles 26 de enero del 2022. 

En una sesión que se desarrolló por videoconferencia, Pereira dijo que esta solicitud se basa en ocho causales; entre ellas, una supuesta falta de control y vigilancia de actividades en el sistema financiero, así como a entidades dedicadas a esta actividad sin autorización como el caso de la supuesta captadora de dinero denominada ‘Big Money’

También cuestionó el rol de la Superintendencia frente a los reclamos y quejas de usuarios por fraude informáticosustracción de dinero de las cuentas en la banca privada, así como en casos de renegociación de deudas entre usuarios y las entidades financieras que habrían incurrido en anatocismo, es decir, cobro de interés sobre interés

Según Pereira, más de 20 000 personas fueron perjudicadas por, supuestas infracciones de los bancos, sin que el ente de control aplicara sanciones. El asambleísta sostiene que el año pasado se registraron 280 613 reclamos por fraude informático y que la Superintendencia de Bancos no habría realizado una auditoría.

“La Superintendencia nuevamente en un afán de proteger a los bancos, no entendemos por qué. No nos dice cuáles son los bancos de los que ha recibido reclamos”, señaló. 

El asambleísta de Pachakutik señaló como otra causal las supuestas irregularidades dentro del concurso para completar las vacantes de defensores del cliente. Sin embargo, funcionarios del ente de control y veedores defendieron los procesos. 

Además, el interpelante aludió al caso de Diego Madera, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y sostuvo que el funcionario fue calificado por la Superintendencia, a pesar de que habría incurrido en inhabilidades

Por último, cuestionó la firma de un acuerdo por USD 100 000 entre la Superintendencia y una empresa privada para cooperación técnica.

Fuente: El Mercurio