Cuando se trata de sentencias de cortes internacionales contra el Estado ecuatoriano, históricamente han terminado pagando las indemnizaciones “justos por pecadores”. Es decir, con recursos de las arcas fiscales se pagaron reparaciones monetarias por vulneraciones a derechos humanos.
Esa tendencia pudiera cambiar con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de diario El Universo. Aunque para ello tendrá que hacer su parte la Asamblea Nacional.
La Corte IDH notificó el 21 de diciembre pasado que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación de los derechos del periodista Emilio Palacio y de tres directivos del rotativo guayaquileño. Según el fallo, Ecuador debe indemnizarlos con USD 400 000 por daños materiales e inmateriales.
La sentencia internacional se desprende de un proceso penal por el delito de injuria calumniosa contra autoridad, impulsado por el expresidente Rafael Correa, en el año 2011, en respuesta a un artículo de opinión.
Los cuatro representantes de El Universo fueron sentenciados en el país a tres años de cárcel y se les impuso una multa de USD 40 millones. Ante la Corte IDH, el Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, por utilizar el derecho penal y la justicia para imponer una sentencia desproporcionada.
Según la Procuraduría, gracias a ese reconocimiento se logró reducir en un 97% la reparación que solicitaban los peticionarios. El expresidente Correa criticó esta estrategia. “Salvador dejó al Estado en indefensión y dijo que tremenda calumnia era opinión”.
Para el procurador Íñigo Salvador, en cambio, con esa decisión no se vulneró la representación judicial del Estado, sino que se defendió “la vigencia de los derechos humanos y de la libertad de expresión” en Ecuador.
Este caso pudiera sentar un precedente, ya que luego de pagar las indemnizaciones se ofrece iniciar procesos de repetición en contra de los funcionarios involucrados en el caso, para que devuelvan el dinero de la reparación. Aunque, por ahora, la Procuraduría reconoce que la repetición no ha llegado a buen término, ya que las normas jurídicas para su aplicación están dispersas.
Es aquí cuando entra en escena la Asamblea Nacional, pues en julio pasado el procurador entregó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que busca que estos procesos sean eficientes, con un único Tribunal competente sustanciador.
Cinco meses después, no hay fecha para su aprobación. Esta propuesta está en la Comisión de Justicia de la Asamblea, que anunció que en los primeros meses de 2022 dará prioridad a los proyectos para garantizar la interrupción del aborto en caso de violación y las reformas a la Ley de la Contraloría.
En los últimos 14 años, el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría, reconoció su responsabilidad en 12 sentencias emitidas por la Corte IDH. Ocurrió en los mandatos de tres presidentes.
Los casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, derecho a la propiedad privada, garantías judiciales y protección judicial, integridad personal, libertad de expresión, derechos políticos, entre otros.
Fuente: El Comercio
