En dos años, los focos de minería ilegal pasaron de 500 a 600 en todo el país. Las pérdidas llegan a sumar más de $900 millones al año
Un informe de la Iniciativa Global contra la delincuencia organizada (Giatoc) ya advertía, hace seis años, que alrededor del 80% de los minerales extraídos en Ecuador eran producto de actividades ilegales. Además, en ese momento también estaban claras las alertas de que todo funcionaba en directa relación con el crimen organizado y el narcotráfico.
Según ese informe, las autoridades de países como Ecuador, Colombia y Perú eran completamente conscientes de la gravedad del problema, y de qué focos de minería ilegal se abrían prácticamente todos los días.
Sin embargo, la respuesta tenía un amplio componente de negligencia, deficientes controles e incluso complicidad con las mafias.
Esta situación, de acuerdo con Tomás Bermúdez, ingeniero en minas y economista, sigue siendo la misma, e incluso peor.
“La crisis en Zaruma resume la mala gestión desde el Estado. Se esperó hasta que un nuevo socavón derrumbara casas y otra infraestructura para hacer controles de la explotación minera ilegal en la zona. Esa actividad mueve millones al año y es un buen negocio para políticos, dirigentes sociales, entre otros, a costa de la necesidad de la gente”, dijo.
Hace seis años, un informe de las Naciones Unidas ya establecía que, en Colombia y Perú, la minería ilegal movía casi $3.000 millones anuales en cada una de las economías.
En el caso de Ecuador, la cifra aproximada llega a los $300 a $400 millones. Ahora, ese monto por lo menos llega a los $600 millones.
“No hay un cálculo exacto porque las actividades ilegales se adaptan, mutan y crecen con mayor flexibilidad y ritmo que las operaciones formales. Por unos años existió una agencia específica de control minero, pero ahora todo el sector de la energía se maneja en una misma agencia con poca capacidad y recursos”, acotó Bermúdez.
Desde la Cámara de Minería del Ecuador se ha reconocido, en varias ocasiones, la profundidad y el alcance del problema de la explotación ilegal, pero no ha hecho ningún tipo de estudio o cálculo para definir su dimensión económica.
Fuente: La Hora
