Cámaras de seguridad, escáneres corporales y puertas fueron destrozados por los presos de la cárcel de Cotopaxi el 21 de julio pasado. Ese día, los internos protagonizaron un motín en el que se destruyeron, además, sistemas electrónicos e inhibidores de señal. Cinco meses después de los hechos violentos, existe un millonario contrato para reponer los sistemas de control y vigilancia de ese centro penitenciario.
El Servicio Nacional de Rehabilitación Social (Snai) invertirá en total $2,9 millones. La adquisición e implementación de los equipos al interior de la cárcel estarán a cargo de Espe-Innovativa EP, con quien ya existe una resolución de adjudicación firmada en octubre pasado. El proceso se maneja bajo la figura de régimen especial, una figura de contratación pública.
Para que las mafias que operan desde las cárceles no conozcan detalles de los nuevos controles y así busquen dañar los dispositivos, el Snai y la empresa a cargo firmaron un acta de confidencialidad para mantener datos reservados. La información no se podrá conocer durante cinco años.
Bajo este velo de confidencialidad quedarán detalles de las especificaciones técnicas y los procesos precontractuales y contractuales de la adquisición de “tecnologías, equipos y dispositivos de seguridad y vigilancia penitenciaria”.
También se mantendrá como secreto el diseño e implementación de sistemas tecnológicos de seguridad y mecanismos de comunicación interna para la seguridad de las cárceles. Lo mismo se aplicará para todos los procesos contractuales para “la construcción, reconstrucción, mejoramiento y repotenciación” de las estructuras.
Problemas más allá de lo tecnológico
Dos agentes que custodian la cárcel de Cotopaxi contaron a LA HORA que ya han visto a técnicos trabajando en el interior del centro. “Se han enfocado sobre todo en las paredes, rejas y techos”.
Ellos señalaron que durante cinco meses han tenido problemas en el control interno con los presos ya solo sirve un escáner corporal que permite detectar si una persona lleva armas o drogas escondidas en sus cuerpos o en su ropa. Las mafias utilizan a personas para ingresar objetos prohibidos. “Cuando se va la luz, ese escáner no funciona”, dice uno de los guías.
Los agentes consultados piden además la reclasificación de presos. “Hoy no tenemos en Cotopaxi internos que estén en máxima, mínima y mediana. Sigue manteniéndose la agrupación por bandas”. También indican que hay pabellones en los que los presos tienen las llaves de los candados de sus propias celdas.
En Latacunga hay 150 guías (trabajan 50 cada turno de ocho horas) para controlar una población que se aproxima a los 5.000 internos. Por eso, los agentes pidieron más personal y equipos antimotines para hacer su trabajo. “Nosotros no tenemos con qué responder a bandas que están armadas”, indicaron. También aseguraron que actualmente no están funcionales las cámaras de videovigilancia. “Eso debe ser prioritario”.
Fuente: El Comercio
