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Los desafíos para crear una ley de aborto por violación en Ecuador

Una «ley justa y reparadora» que garantice el acceso real y sin revictimización al aborto para las supervivientes de violación es la causa por la que el movimiento de mujeres de Ecuador ha estado luchando en los últimos años y que espera que se apruebe en la Asamblea Nacional antes de que termine 2021.

Ese es el principal desafío que afrontan los integrantes de la Comisión de Justicia del Parlamento ecuatoriano que debaten el proyecto de ley para regular el procedimiento tras la histórica decisión de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual el pasado 28 de abril.

«Es importante que esta ley ponga en el centro a las mujeres. Que permita el acceso a los servicios de salud y que no les ponga trabas administrativas ni de ninguna naturaleza a las niñas, mujeres o personas con capacidad de gestar» que quieran interrumpir su embarazo, señala a Efe la oficial de programas para Ecuador de Planned Parenthood GlobalPaulina Ponce.

La representante de la organización señala que a lo largo del proceso para llegar a la sentencia se ha puesto de manifiesto «el grave problema de la violencia sexual que ha estado oculto por mucho tiempo» y la criminalización de las niñas y mujeres que han decidido abortar.

Según datos oficiales, en el país 7 menores de 14 años dan a luz cada día.

Y en el último año, las denuncias por el delito de violación superan las 6.200. Además, unas 120 mujeres y niñas han sido procesadas por abortos en la última década.

El camino de la despenalización

El fallo de la Corte Constitucional no ha llegado solo. Es el resultado de un camino lleno de obstáculos que han tenido que sortear las organizaciones de mujeres en los últimos diez años.

«Son las valientes organizaciones ecuatorianas las que han hecho posible esto, las que han estado llevando la evidencia», destaca Ponce.

«Algunas mujeres han hecho más acciones callejeras, poniendo el cuerpo, tomando la calle, otras han hecho trabajo de incidencia, otras más trabajo legal de asesoramiento o en la lucha por la despenalización social», destaca la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Vera.

La abogada confiesa que ha sido una «época compleja» porque a pesar de las numerosas recomendaciones internacionales de comités de derechos humanos sobre la despenalización del aborto por violación, «en Ecuador es difícil construir un camino de derechos humanos para las mujeres, sobre todo para las personas gestantes y para las niñas, porque existen muchos estereotipos de género».

Fuente: La República