La información sigue llegando de a poco a la Asamblea Nacional. La Comisión de Soberanía de este ente pidió datos a más de 18 instituciones estatales y de derechos humanos sobre sus competencias y responsabilidades en la actual crisis carcelaria.
Luego de tres meses de investigación se conocen los primeros resultados: la Contraloría General del Estado, desde el 2016, abrió al menos 126 exámenes especiales sobre procesos de contratación de entes ligados al sistema penitenciario.
En esa lista se encuentran tres ministerios: el de Gobierno, Defensa y la extinta Cartera de Justicia. La Policía y el Servicio Nacional para personas Privadas de Libertad (SNAI) completan el listado.
Este último, encargado de los centros carcelarios del país, mantiene procesos de control abierto por distintos hechos. Uno de los más recientes data del 2020 y tiene relación con una serie de anomalías que se cometieron en el proceso de transición con el anterior Ministerio de Justicia. Entre las anomalías que hallaron se especifica que “la institución no efectuó el traspaso respectivo de documentación de respaldo de operaciones administrativas y financieras”.
Por ejemplo, hay información que indica que el SNAI y el anterior Ministerio de Justicia, “no suscribieron actas entrega recepción de armas de fuego para los guías” y que tampoco hubo una “custodia, inventarios, registros contables sobre las armas de fuego”.
Incluso se advierte que los agentes de seguridad penitenciaria “no fueron capacitados con respecto al manejo de armas de fuego, debido a que los directores de seguridad penitenciaria no cumplieron con las responsabilidades atribuidas en el Estatuto del Ministerio de Justicia”. Ahora estos hechos se indagan.
Otro de los contratos que fueron sometidos a control es la adquisición de equipos tecnológicos para la cárcel El Rodeo de Manabí. Según el análisis de la Contraloría, en 2017 se descubrió una compra de equipos por USD 140 000. Sin embargo, seis de los equipos entregados no funcionaron y no tenían las especificaciones que se realizó en la adjudicación.
En otro contrato para adquirir pertrechos de seguridad también se presentaron irregularidades. Según la información de las auditorías, Rehabilitación pagó USD 830 000 por chalecos antibalas, esposas, cascos y trajes antimotín, máscaras antigás, entre otros.
Fuente: El Comercio
