La balacera se escuchó en todo el bloque 8 de Bastión Popular. Eran cerca de las 17:00 del domingo 28 de noviembre del 2021, cuando las detonaciones impactaron en puertas y paredes de esta barriada del norte de Guayaquil. Los vecinos corrían desesperados para llamar a la Policía.
Un grupo de agentes en patrullas y motos llegó de inmediato. Allí identificaron una vivienda y entraron para detener a un sospechoso. El desconocido tenía en su poder un fusil AM15 con más de 30 cartuchos. Además, portaba un explosivo gelatinoso.
Hoy se sospecha que ese armamento llegó a Guayaquil por el sur, desde la frontera con Perú. Los mismos indicios se tienen con otros tres cargamentos de armas que se incautaron en el último mes en los alrededores de las cárceles de la ciudad.
Informes de Criminalística aseguran que las mafias que operan esos centros traen desde Colombia y Perú los arsenales que utilizan para sus actividades delictivas.
¿Cómo lo hacen?
La Policía Nacional tiene información que las organizaciones criminales permean las fronteras para introducir al país ametralladoras, fusiles, subametralladoras, pistolas automáticas, revólveres, granadas y municiones de grueso calibre.
De hecho, los 315 crímenes que se han cometido dentro de los centros de rehabilitación social del país, este 2021, han sido ejecutados con este tipo de armamento letal.
Las estadísticas también reflejan que el uso de armas de fuego en los asesinatos que suceden en las calles del país también se ha incrementado. El 64,7% de los crímenes de este año se perpetraron con este tipo de armas. El 2020, el porcentaje era de 53,8%.
La Policía advierte que el control de armas en las fronteras es responsabilidad de Fuerzas Armadas. De allí que la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional pidió información al Ministerio de Defensa sobre las operaciones que se ejecutan en las fronteras norte y sur.
El ente legislativo específicamente realizó 12 consultas sobre la seguridad fronteriza y 18 más sobre el control de armas.
Fuente: El Comercio
