Actual director del Instituto señaló al exministro José Serrano, quien, a su vez, apuntó a María Paula Romo
Quito.- USD 900 millones perdió el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) en una serie de inversiones que incluyeron operaciones swap, compra y recompra de bonos del Estado, cesión de derechos fiduciarios, compra de facturas que ahora se sabe que eran falsas, y la inversión en proyectos inmobiliarios.
Pese a que la mayoría de estas transacciones se realizaron desde el 2014 hasta el 2020, prácticamente nadie se percató de lo que sucedía.
Precisamente por esta falta de control, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el juicio político en contra de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías.
Las comparecencias por este caso concluyeron ayer con la presentación de pruebas por parte del funcionario, quien se desligó de responsabilidades; pues dijo que sí había hecho las advertencias del caso y que incluso denunció lo sucedido ante la Fiscalía.
Pero los comparecientes, uno a uno, han dejado claro que de parte de la Superintendencia de Compañías no se controló a las empresas Ecuagran, Delgran y Delcorpo, a la casa de valores Citadel y a los depósitos de valores Atlántida y Decevale, que participaron en la emisión de valores y en la negociación de facturas sin respaldo.
Tania López, exfuncionaria de la Superintendencia de Compañías, puntualizó que las primeras irregularidades fueron detectadas en el 2014, las empresas involucradas realizaban transacciones por fuera del mercado legal y simulaban operaciones bursátiles, en las cuales no se firmaba ningún contrato, ni entregaban ningún certificado que sirviera de constancia para los compradores.
Esta falta de control permitió que Decevale ejecute su estafa al ISSPOL por más de USD 300 millones en bonos; mientras que Ecuagran, que ya había sido intervenida en el 2019, fue liberada en 2020, justo a tiempo para colocar en el mercado de valores USD 15 millones que fueron adquiridos por el Instituto de la Policía.
El interventor
Por su parte José Ibáñez, interventor de Ecuagran y Delcorp, confirmó en su comparecencia que lo sucedido no se habría podido ocultar por tanto tiempo sin la complicidad de funcionarios de la Superintendencia de Compañías.
Es que las empresas presentaban facturas sin sustento, balances maquillados, simulaban importaciones e incluso manejaban una estructura piramidal mediante la cual pagaban a unos inversionistas con lo que aportaban otros; todo esto, sin que fueran investigadas.
Fuente: El Mercurio
