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Petroecuador firma contrato con empresa privada para el manejo de derivados

La petrolera estatal Petroecuador firmó por primera vez un contrato con una empresa privada para el manejo de los derivados de petróleo del país, por un plazo de 15 años, según informó este lunes la compañía ecuatoriana.

Corpetrolsa S.A. será la encargada de la recepción, transporte, almacenamiento y despacho de los productos haciendo uso de la infraestructura de la petrolera nacional de Ecuador.

Entre estas, estarán en uso terminales marítimos, gasoductos, poliductos, refinerías y tanques de almacenamiento, según detalla un comunicado difundido por la petrolera estatal.

El ministro de Energía y Recursos No Renovables, Juan Carlos Bermeo, manifestó que se están «buscando las mejores opciones para que vengan las nuevas inversiones al sector hidrocarburífero».

De acuerdo a un comunicado de Petroecuador, el titular del sector hidrocarburífero consideró que el objetivo será «optimizar los recursos existentes» con la utilización de infraestructura estatal como reza el Decreto 1158 emitido en 2020 por el entonces presidente de Ecuador Lenín Moreno.

El gerente de Petroecuador, Pablo Luna, indicó que habrá una tarifa única de 0,027665 dólares por galón y se basará en lo establecido por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), «que será aplicable siempre y cuando se cumpla con la distribución del producto en todos los terminales que se consideraron para la fijación de la tarifa».

En la firma del contrato estuvieron presentes el ministro de Energía, el gerente de Petroecuador y el representante legal de la empresa Corpetrolsa S.A., Jairo Molina.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rubricó en julio el decreto 95 para encaminar la reorganización del sector petrolero en el país. De acuerdo a sus planes programáticos, su Gobierno busca duplicar la producción petrolera en cinco años, hasta alcanzar un millón de barriles diarios.

Esas intenciones han sido fuertemente contestadas por parte de colectivos indígenas y ambientales, que sostienen que el Ejecutivo de Lasso busca privilegiar el extractivismo en detrimento de otros sectores como la agricultura, la ganadería y el turismo.

Fuente: El Mercurio