Entrevista con Pedro Álava, ministro de Agricultura y Ganadería
¿Cuáles son los problemas que ha identificado y que dieron lugar a las protestas el mes pasado?
En el país no ha existido una política agropecuaria desde hace más de 40 años. A tal extremo que se estila que cualquier agricultor puede sembrar lo que quiera y luego venir a pedir al Gobierno que le compre su producción. En el caso del arroz, hay unas 50 000 hectáreas sembradas en exceso que crea estos problemas. Además, hay otros temas como la falta de iniciativa empresarial del propio productor, que ha provocado que caiga en manos de los intermediarios. En la medida que podamos ayudarlos estamos haciéndolo. La forma inteligente que hemos buscado para aliviar los problemas en el sector arrocero es la exportación. De tal suerte que, al reducir la oferta, la demanda obligue a que el precio suba.
¿Cuál es el excedente de arroz que tenemos?
Había más de 100 000 toneladas y se están reduciendo. Estimamos, antes de que salga la nueva cosecha, poder estar en la mitad. Se han exportado alrededor de 25 000 toneladas a Centroamérica.
Una de las opciones para evitar roces con el agro son las mesas de diálogo con los sectores más sensibles, ¿qué resultados existen?
Se instalaron y continúan. Las mesas son en función de cada cultivo y abordan diferentes problemáticas. En el tema del maíz, por ejemplo, el país tiene una producción deficitaria, pero también hay un gran problema con la intermediación y los permisos de importación. Hemos sentado a todos los actores de la cadena para encontrar soluciones. De hecho, el viernes (mañana) se sentarán a dialogar comerciantes e industriales maiceros para llegar a acuerdos sobre compra y venta del maíz. Yo pienso en el bienestar del país y sé que si no se solucionan problemas de comercialización en este producto, el resultado es que no habrá pollo, cerdo y otros.
¿Cómo se está regulando la intermediación?
Hemos iniciado una campaña de mercados libres, empezamos con los miembros del programa de Agricultura Familiar Campesina (AFC) y lo hemos hecho en varios lugares del país, para que los productores oferten su cosecha. Ahora se trabaja con las asociaciones campesinas para llegar a sus cantones simultáneamente.
¿Considera que la política de Precios Mínimos de Sustentación, que data de hace más de 20 años, debe de mantenerse?
No creemos en la fijación de precios, creemos en que el precio lo fije el mercado libre. No es justo que solo en ciertos cultivos se pretenda fijar un valor. Cuando se tiene una oferta y demanda se promueve que el productor sea más eficiente, más empresario.
¿Cuál sería una alternativa para regular al agro que no sea mediante esta vía?
La única ley que existe es la Ley del Banano y se debe cumplir. Pero, por el lado de otros productos, son acuerdos ministeriales que estoy muy tentado a revisarlos para que sea el mercado el que fije los precios. Nadie respeta los precios de sustentación, por eso son las protestas. Los que no tienen una buena cadena de comercialización son presas fáciles del intermediario.
¿Cuál es la política agrícola de este Gobierno?
Enseñarle al agricultor a volverse autosuficiente y empresario, que siembre donde haya un mercado que le compre la cosecha. Trabajamos también en la reconversión de algunas zonas de arroz, por ejemplo, pasar al maíz o al café. Además, proveerle del crédito para montar infraestructura que le permita mejorar su productividad. Los costos de producción son muy elevados, porque el nivel de rendimiento por superficie sembrada es bajo. Estamos empeñados en crear la mentalidad de que con tecnología y con la ciencia se puede avanzar.
¿Qué sectores son los que necesitan más apoyo del Gobierno y por qué?
El pequeño productor y campesino; estamos trabajando en el programa de AFC, que ya agrupa a 5 000 productores. Su objetivo es hacer una transición al uso de productos orgánicos. Por ejemplo, hay agricultores que producen banano orgánico.
¿Cuál es el presupuesto de la Cartera y cuáles serán las prioridades de gasto?
De unos USD 101 millones, en los que se priorizará la instalación de sistemas de riego para el pequeño campesino, la reconversión de cultivos con el otorgamiento de créditos frescos y el censo agropecuario. En este se van a utilizar mecanismos como la aerofotogrametría, para identificar extensiones de cultivos y las acciones que se hacen en un censo. Durante este Gobierno habrá estadísticas confiables del sector agrícola.
Fuente: El Comercio
