La falta de jueces de Garantías Constitucionales obligó a la judicatura a improvisar jueces en remplazo.
El 8 de noviembre de 2021, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea estableció, en su Informe de investigación sobre la Crisis Carcelaria, que el Consejo de la Judicatura sería una de las instancias del Estado responsable de la crisis que atraviesan las cárceles del país, específicamente por el abuso de prisión preventiva y la falta de jueces de Garantías Penitenciarias y defensores públicos que tramiten estos procesos.
Frente a esta problemática, el Consejo de la Judicatura resolvió ampliar “temporalmente la competencia de los jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y Especializadas en Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, para que conozcan y resuelvan las causas que se encuentren en trámite en esta materia penitenciaria (…)”.
Para esto, se designará 126 jueces que, además, se encargarán de tramitar causas de garantías penitenciarias en Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí; provincias que, sumando, contaban con apenas 19 jueces especializados en Garantías Penitenciarias.
Varios analistas consultados coinciden en que esta medida no solo es ‘imposible’ sino también inútil por la falta de especialización de los jueces penales en lo relacionado a Garantías Penitenciarias.
Nicolás Salas, abogado penalista, resalta que aumentar la carga laboral a jueces de tránsito y delito intrafamiliar, que ya tienen sus competencias definidas, solo agravaría la situación. “Esto no va a ayudar a que los pedidos represados de miles de personas privadas de la libertad se vayan a resolver en menos tiempo”, comenta y señala que se descuidará un área importante para suplir a medias otra área que está en crisis.
Falta de especialización de los jueces
Otra de las fallas que se observa en esta decisión de la Judicatura tiene que ver con la falta de especialización de los jueces asignados en lo que se refiere al sistema carcelario. Por un lado, porque un juez especializado en Garantías Penales tiene que tener conocimientos en criminología, victimología y victimodogmática, según explica Sebastián Cornejo, especialista en Derecho Penal y Procesal.
Por otro lado, porque un juez especializado en este tema tiene la competencia de vigilar y estar presente en los Centros de Reclusión Social (CRS) para verificar que las personas privadas de la libertad (PPL) sean protegidas en sus derechos.
El Código Orgánico de la Función Judicial determina que los jueces de Garantías Penitenciarias tienen la “competencia para la sustanciación de derechos y garantías de PPL con sentencia condenatoria”.
Fuente: El Mercurio
