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Informe revela 47 fallas en las cárceles de Guayaquil

La lista de irregularidades en las cinco cárceles de Guayaquil es larga. Tras la masacre de 118 presos, en septiembre pasado, se detectaron al menos 47 fallas en el mayor complejo penitenciario del país.

Todas estas observaciones reposan en el informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Los legisladores que conforman ese organismo visitaron cada uno de los centros penitenciarios de Guayaquil.

Tres horas bastaron para detectar anomalías en 10 áreas.

La primera tiene que ver con la parte de seguridad. El informe preliminar, al que tuvo acceso EL COMERCIO, detalla que a pesar de que el personal administrativo no tiene acceso a Internet, los presos se pueden conectar a redes que están en los exteriores de la Penitenciaría.

Además, especifica que los escanners y los sensores al ingreso del complejo carcelario “no funcionan desde hace muchos meses”. De hecho, se señala que “es imposible ingresar a los pabellones” porque están “controlados por organizaciones criminales”.

Incluso, descubrieron que las llaves de cada pabellón las tienen los privados de libertad.

Por eso, las autoridades “tienen miedo” de ingresar a las celdas, pues esa cárcel no cuenta con cámaras de seguridad en funcionamiento.

Los inhibidores de señal tampoco están operativos y apenas hay un chaleco antibalas para las autoridades.

En la estructura de la cárcel están las huellas de los enfrentamientos de bandas narcodelictivas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.

En las paredes de las oficinas administrativas hay hoyos de los proyectiles de las armas de fuego que utilizaron los detenidos en la última masacre.

Informes del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI) y de la Policía también confirman esta realidad. Las dos instituciones unieron fuerzas tras los asesinatos para controlar a las bandas delictivas. Los militares también se unieron a los controles dentro de las cárceles desde inicios de octubre cuando el presidente Guillermo Lasso dispuso un estado de excepción en todos los centros penitenciarios del país.

Fuente: El Comercio