Una coalición de organizaciones indígenas y ONG presentaron este lunes ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad a un decreto presidencial que promueve duplicar la producción petrolífera en el país.
Se trata del Decreto Ejecutivo 95, emitido por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, el 7 de julio, que ordena varias acciones para incrementar la producción actual de petróleo, que no llega a los 500.000 barriles diarios, a fin de alcanzar el millón.
La demanda de inconstitucionalidad alega que con esa decisión del Ejecutivo se vulnera el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos originarios a la consulta previa y el consentimiento libre e informado, además de otros derechos colectivos y de la naturaleza.
DEMANDA CONTRA LASSO
«Es una demanda contra el presidente Lasso porque en realidad vemos que él no está respetando nuestro derecho de la vida, nuestro derecho de la naturaleza», manifestó a Efe Nemonte Nenquimo, líder del pueblo waorani de Ecuador.
Distinguida el año pasado con el Premio Goldman, considerado el «Nobel del medio ambiente», la activista aseguró que los decretos presidenciales representan una amenaza para todas las nacionalidades de la Amazonía de Ecuador:»Nuestro territorio no está en venta», aseveró.
La dirigencia indígena también tiene intención de presentar una segunda demanda al Constitucional sobre otro decreto presidencial, el 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y «relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía».
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, que encabezó la representación que entregó hoy la demanda, censuró que la decisión presidencial ha ninguneado a los pueblos originarios, «sin tener en cuenta los efectos desastrosos, negativos que ha significado (la explotación petrolera) para toda la Amazonía ecuatoriana».
Exigió, asimismo, que «de manera inmediata» se suspenda «cualquier pretensión» de llevar a la práctica el decreto relativo a la duplicación de la producción, «mientras no se garantice el derecho a la consulta libre e informada».
Y recordó el llamamiento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de «proteger el 80% de la Amazonía», respaldado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Fuente: El Mercurio
