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Remoción de Yunda queda en manos del Pleno de la Corte Constitucional

La audiencia más importante para resolver el conflicto legal que envuelve a la Alcaldía de Quito tomó tres horas y media.

Este lunes, 13 de septiembre del 2021, la jueza de la Corte Constitucional (CC) Karla Andrade escuchó a las partes dentro del tratamiento de la acción extraordinaria de protección solicitada por Santiago Guarderas. 

En la diligencia actuaron las defensas de GuarderasJorge Yunda, los jueces que en primera y segunda instancia aceptaron la acción de protección, la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Metropolitana. 

Los abogados de Guarderas centraron su exposición en que existe una superposición de vías para resolver el conflicto. Esto en referencia a que la acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez y ratificada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial volvió ineficaz e inejecutable la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). 

Emilio Suárez y Juan Francisco Guerrero, abogados de Guarderas, plantearon que Yunda presentó la acción de protección mientras la causa ya era conocida por el TCE, como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). 

Desde esa perspectiva, la acción de protección no era procedente ya que, según la defensa de Guarderas, existía una vía adecuada y eficaz para pronunciarse sobre el proceso de remoción. Guerrero apuntó que ese órgano de justicia electoral tiene como facultad el revisar el cumplimiento del debido proceso en esos casos. 

Del lado de Yunda estuvo el abogado Jorge Zavala Egas. Su argumentación se centró en que la remoción no observó la garantía del debido proceso en cuanto a la imparcialidad del juez. Dijo que la Comisión de Mesa así como el Concejo Metropolitano, no motivaron la decisión con la cual rechazaron el pedido de recusación que hizo en contra de Guarderas. 

La estrategia de Zavala fue poner en debate el que en un juicio o control político también debe tomarse en cuenta el derecho a un juez imparcial ya que es la garantía que se exige desde la misma Constitución y en las convenciones internacionales. 

También criticó el papel de la Comisión de Mesa. Comentó que sus integrantes fueron partícipes en la elaboración del informe que sugería que Yunda había incurrido en causales de remoción y, además, votaron por la salida en la sesión del Concejo Metropolitano del pasado 2 y 3 de junio. 

En la audiencia, tanto María Belén Domínguez, jueza que concedió en primera instancia la acción de protección como la abogada de los jueces de la Corte Provincial, defendieron sus decisiones y también criticaron la falta de imparcialidad en el proceso. 

Fuente: El Comercio