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La institucionalidad que dejó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio va concluyendo con la renovación de autoridades

La transición política que provocó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición entre el 2018 y 2019, que implicó una evaluación y remplazo de autoridades en unas catorce instituciones del Estado, empieza a experimentar los primeros cambios.

En noviembre se cumplen los tres primeros años en funciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) designados por el transitorio y experimentará su primera renovación parcial, con la salida de cuatro vocales: dos principales y dos suplentes mediante un sorteo público.

Sobre la selección del titular de la Contraloría General del Estado, el actual CPCCS se vio obligado a iniciar el concurso de méritos, luego de que Pablo Celi fue detenido para investigaciones por el presunto delito de delincuencia organizada y fue censurado por la Asamblea Nacional, en un juicio político.

Celi asumió como contralor subrogante cuando Carlos Pólit renunció en junio del 2017, al ser procesado por concusión en el caso Odebrecht.

El Consejo transitorio decidió mantener en el cargo a Celi, con la aspiración de que la Contraloría se convierta en un Tribunal de Cuentas, lo que finalmente no ocurrió.

Celi también renunció y designó a Carlos Riofrío como subrogante, quien estará en funciones hasta que el CPCCS concluya el concurso; o hasta marzo del 2022, cuando se cumple el periodo para el que fue elegido Pólit.

Otra designación que el Consejo podría verse obligado a realizar es la del titular de la Defensoría del Pueblo. Hasta el 17 de septiembre deberá definirse la situación legal de Freddy Carrión en ese cargo, en el que fue designado por el transitorio.

Carrión guarda prisión preventiva desde el 17 de mayo, investigado por presunto delito de abuso sexual. Si hasta el 17 de septiembre no regresa a sus funciones se configuraría la ausencia definitiva, según el artículo 15 de la Ley de la Defensoría.

A ello se suma que el Legislativo sustancia en su contra un enjuiciamiento político por presunto incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria, cuando en medio del estado de excepción se vio inmerso en un escándalo público al asistir el 15 de mayo a una actividad personal en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí.

Fuente: El Universo