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Solo uno de cinco concursos de selección de autoridades que realiza el Consejo de Participación Ciudadana avanza con la integración de la veeduría

De cinco concursos públicos para designar autoridades, que se ha propuesto realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solo en uno se ha avanzado a la etapa de conformación de la integración de la veeduría ciudadana.

El CPCCS debe nombrar a través de concursos públicos de méritos, oposición, impugnación ciudadana a los titulares de la Defensoría Pública, Contraloría General del Estado; de los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (Copisa), de dos delegados ante el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras y de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de su renovación parcial.

Sin embargo, solo en el proceso para designar a la nueva autoridad de la Defensoría Pública se ha cumplido una primera etapa: la conformación de la veeduría ciudadana que observará la transparencia del proceso.

Según el Consejo, de 102 ciudadanos que se inscribieron para ser veedores, trece no habían cumplido con los requisitos reglamentarios.

Los calificados serán notificados con su inscripción y serán convocados para las capacitaciones, respecto de las atribuciones y prohibiciones que asumirán como veedores.

Con esto, el Consejo podrá convocar oficialmente a la ciudadanía a postularse para conformar la comisión ciudadana de selección, la que se encargará de desarrollar el concurso.

Sobre la designación del contralor del Estado, se espera que entre el jueves y viernes, una comisión técnica, integrada por asesores de los siete consejeros, presenten el instructivo al reglamento de selección de esta autoridad.

Con ello, se podrá convocar a la integración de la veeduría ciudadana.

Pero sobre este concurso persisten las críticas, por cómo se aprobó el reglamento el pasado 18 de julio.

La consejera María Fernanda Rivadeneira cree que el proceso podría enfrentar acciones legales, como acciones de protección e incluso, ser anulado porque en su elaboración no se motivó en un informe por qué no se incluyeron, al menos, 87 aportes de la ciudadanía.

 Fuente: El Universo