En los últimos 32 días, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se ha ensimismado en una crisis interna que confronta a cuatro contra tres consejeros; esto, en una coyuntura política en la que deben liderar la designación de al menos quince autoridades de cinco organismos del Estado.
Estas fracturas y discusiones que en ocasiones llegan hasta los gritos no son nuevas. Ya se vieron en la presidencia de Christian Cruz cuando también había una mayoría que era de los cuatro consejeros hombres en contra de las tres mujeres, que reclamaban ser impedidas de hablar.
La presidenta Sofía Almeida era una de ellas. Solía increpar a Cruz que les silenciaba a ella y a sus compañeras los micrófonos en las sesiones, que se transformaron en virtuales por la pandemia del COVID-19.
Cruz fue cesado y destituido en la Asamblea Nacional, y Almeida lo reemplazó y es ahora la acusada de silenciar los micrófonos a la nueva ‘minoría’ de Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.
Las disputas se ahondaron después de las elecciones de la presidencia y vicepresidencia del CPCCS que se realizaron el 13 de junio.
Almeida se reeligió con los votos de Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Rosero y el de ella mismo; y Rosero fue designado vicepresidente con esos mismos votos. Almeida reconoció que ellos son la “mayoría absoluta”. Mientras, en los pasillos del Consejo los denominan ‘los cuatro fantásticos’.
Aunque en el organismo se han aprobado reglamentos para designar al titular de la Defensoría Pública, a nueve miembros de la Confederación de Soberanía Alimentaria (Copisa) y dos delegados para el Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras, es el concurso para designar a la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado lo que centra su atención.
Fuente: El Universo
