El proyecto urgente que prometía ‘transformar’ las 53 cárceles del país -y cuyo plazo original vencía en diciembre próximo- apenas se ha cumplido en el 4%. Así lo detallan los informes, a mayo pasado, que recogen los avances de este plan, iniciado en junio del 2019 por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (PPL) y Adolescentes Infractores, SNAI.
De una inversión estimada en $ 38,3 millones, y tras cuatro recortes de presupuesto, solo $ 1,5 millones se han devengado para cumplir con el ambicioso objetivo de lograr una “reinserción efectiva en la sociedad de las personas en conflicto con la ley”. Para ello, señala el SNAI en su proyecto, se definieron dos frentes: repotenciar y dar mantenimiento a las cárceles, y fortalecer su tecnología y equipamiento.
Sin embargo, hasta mayo, los avances solo incluían la construcción de dos pabellones femeninos en Napo y en Carchi y un muro perimetral en la cárcel de Imbabura, además de la compra de 1.500 chompas para los guías y radios portátiles digitales de comunicación.
En agenda, postergados para los siguientes meses o con intención de contratación, constan el mantenimiento de cámaras de videovigilancia, la compra de pertrechos (esposas, toletes chalecos, cascos, escudos), gas pimienta, linternas, guantes, o un sistema de videoconferencia que evitaría al mes el traslado de 897 internos a las audiencias judiciales. Cada traslado representa un costo individual de $ 100,26 y al mes $ 89.993. Así, se reducirían los riesgos de fugas, intercepciones para liberar a detenidos o amotinamientos por falta de personal.
Fuente: El Universo
