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Elaborar una Ley interpretativa a la Ley Orgánica de la Contraloría solucionaría el vacío legal, dicen asambleístas

Al menos tres sectores del Legislativo ven como el camino más viable que la Asamblea Nacional se encargue de realizar una Ley interpretativa a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (CGE) para solucionar el vacío legal de la entidad tras la detención, en abril pasado, del contralor subrogante Pablo Celi, investigado por el presunto delito de delincuencia organizada.

Esto tras el exhorto que efectuó el pasado sábado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al Parlamento para que interprete el sentido del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, para que el CPCCS ejerza su rol como autoridad nominadora designando un encargado de la CGE ante la ausencia simultánea del contralor y subcontralor general del Estado.

Este pedido tuvo cuatro votos a favor y tres abstenciones de los consejeros Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa.

El asambleísta Luis Fernando Flores (CREO) está de acuerdo con que este tratamiento se realice desde el Legislativo. “Es el camino que el país necesita para resolver el estado de acefalía en que se encuentra la Contraloría”, apunta y agrega que en la Bancada Acuerdo Nacional sí habría apoyo para ese tratamiento.

Andrade espera socializarlo con la bancada de Izquierda Democrática, pero se adelanta a indicar que será positiva. “Yo plantearé este tema en la bancada y hay que esperar que la analice y tengamos la propuesta. (…) me atrevería a anticipar que podría ser positiva, tomando en cuenta de llenar este vacío legal. Lo planteado por el Consejo sí resulta ser una medida adecuada”, menciona.

Sin embargo, Torres resalta que esto tomará tiempo y afirma que una ley interpretativa no es “algo sencillo”.

Y tardaría un poco más de 60 días, esto porque el artículo 71 de la Ley de la Función Legislativa explica el tratamiento de proyectos de ley interpretativa. Y entre varios procesos, son 30 días para la remisión del informe para primer debate por parte de la comisión en la que recaería y otro de 30 días para segundo debate, una vez agotado el primero.

Fuente: El Universo