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Aulas del terror

Un día como hoy hace seis años, Julia alistó el desayuno para su hija Dame. La peinó, revisó que su uniforme esté limpio y la vio partir a su escuela. Hoy la niña toma pastillas para la ansiedad y la depresión, aquel día fue víctima de abuso sexual en su aula de clases.

Dame es una de las 4.066 víctimas que han sufrido abusos sexuales en las escuelas del Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos del Ministerio de Educación.

Un total de 1.983 docentes son acusados por abusos sexuales dentro de las escuelas, según información oficial. Una base de datos elaborada por una investigación de GK Connectas en la que participaron periodistas de El Mercurio revela que al menos el 97 por ciento de casos de abusos sexuales que involucran a profesores siguen impunes.

Dramas como el que vivió Dame se ven agravados por un mal manejo de las denuncias desde las autoridades escolares. La comisión para tratar sobre abusos sexuales en la Asamblea Nacional, denominada Comisión Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en escuelas del país y determinó que, en todos los casos las autoridades de las instituciones educativas incumplieron su obligación de denunciar.

En Cuenca, por ejemplo, las autoridades de un colegio público ocultaron durante un año denuncias de violación de una alumna. El excoordinador de Educación, Henry Calle, relata que durante su administración tuvo que separar a rectores y directoras distritales que habían ocultado un “número indeterminado” de casos de abuso sexual.

La Contraloría General del Estado detectó –sobre una muestra de 1.182 casos- que menos de la

mitad terminaron en la destitución de los presuntos abusadores, los demás prescribieron, se archivaron, terminaron en una suspensión temporal de labores, la reubicación de los docentes o una simple amonestación verbal. Sólo 16 terminaron en una sentencia judicial.

En otro informe emitido en enero del 2020 se indica que, al sur de Quito, las autoridades de educación archivaron sin justificación el 24 por ciento de las denuncias por abuso sexual de docentes entre 2015 y 2018.

El distrito de Educación de esa zona justificó las omisiones por “acumulación de trabajo, vacaciones de los abogados y cambios de funcionarios”.

“¿Qué hicimos mal?”, pregunta Fabián Salguero, padre de un niño de siete años de edad, víctima de abuso sexual. Una mañana su hijo llegó a casa con sangre en su ropa interior, sus padres acudieron de inmediato a la Fiscalía, pero los funcionarios tardaron diez horas en atenderlos mientras el niño “se retorcía de dolor”, recuerda Fabián.

Las demoras en el sistema judicial pasan factura. La Fiscalía informó, hasta el cierre de esta investigación, sobre 39 sentencias condenatorias en firme, esto es un 1,13 por ciento de las denuncias recogidas por el Ministerio de Educación. Esos pocos procesos, además, pueden demorar hasta nueve años en resolverse, según datos de Human Rights Watch.

Fuente: El Mercurio