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Fiscal general Diana Salazar pide la pena máxima para los tres procesados por delincuencia organizada relacionada al caso hospital de Pedernales

Que se les imponga la máxima pena para el delito de delincuencia organizada (9 años y tres meses); el pago de una multa de 20 salarios básicos unificados y que cancelen como reparación integral material una parte proporcional, de acuerdo con su participación en el delito, de los $ 8 millones dispuestos, es lo que solicitó, la tarde de este martes, la fiscal general Diana Salazar contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, acusados de ser parte de una organización para beneficiarse ilícitamente de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de Pedernales.

En el cuarto día de audiencia de juzgamiento la fiscal Salazar en su alegato de cierre insistió en que los procesados adecuaron su conducta para cometer el hecho delictivo, formaron parte de la estructura delincuencial investigada y cometiendo delitos penales que superan los 5 años de sentencia.

Además de la pena de cárcel, para Cruz, Calderón y Véliz, la Fiscalía solicitó que ellos, en calidad de autores directos, como medida de reparación simbólica publiquen la sentencia de este caso en la página web del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y en dos medios de difusión masiva de las provincias de Pichincha y Manabí.

Según Salazar, entre finales del 2019 y el 2020, la estructura criminal que operó en Pichincha y Manabí estuvo encabezada por el exasambleísta Daniel Mendoza y contó con la designación de cargos de René Tamayo, director del Secob; el contratista Franklin Calderón; el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y otros ya sentenciados en la causa. Para la acusación, los actos fueron concertados y cada uno de los sentenciados mantuvo un rol y participación.

Fuente: El Universo