“Una vez que de la revisión del Informe Pericial (…) se desprenden conversaciones por texto (chats) que contienen hechos que ameritan ser investigados, pues los mismos conllevarían conductas penalmente relevantes que pondrían en riesgo o lesionarían bienes jurídicos protegidos, (…), presumiendo que el dispositivo móvil que contienen dichas conversaciones pertenecería a Jorge Sebastián Yunda Yunda, dispongo que se remita copias certificadas de dichos informes a la fiscal general del Estado, Diana Salazar”.
Con este antecedente, el martes último, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, quien está a cargo de la investigación por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar Covid-19 hechas por el Municipio de Quito, que involucra a 14 personas, entre ellas, el alcalde de capital, Jorge Yunda, remitió tres informes periciales a la fiscal general Diana Salazar, “a fin de que en su calidad de máxima autoridad institucional” determine el inicio de las investigaciones correspondientes.
El primer informe referido tendría relación con el teléfono que aparentemente pertenecería a Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito. En ese equipo celular se encontraron, según la pericia, detalle de conversaciones de índole judicial, se menciona información de contratos y proyectos de la ciudad de Quito con empresas nacionales y extranjeras, se determina el cambio de autoridades de instituciones del Municipio de Quito, se habla de solicitudes de dinero por parte de personas en instituciones que están dentro de la competencia del Municipio de Quito, …
Fuente: El Universo
