El Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.
Esa es una de las conclusiones de la comisión creada por la Defensoría del Pueblo para investigar las protestas de octubre del año 2019, que se produjeron luego de que el Gobierno emitiera un decreto que elevaba el precio de los combustibles.
Según el informe, ese grupo integrado por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines, Xavier Zavala, denominado Comisión Especial para la Verdad y Justicia, durante los días del paro nacional, registró que se cometieron presuntas violaciones de derechos humanos, principalmente por integrantes de la Policía Nacional contra la población civil.
Conclusiones
En el documento se asegura que la comisión recibió 519 testimonios. De ellos, 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado.
De los 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, el grupo sostiene que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional (75%) y 34 por personal de Fuerzas Armadas (13%).
Además establecieron que al menos 26 personas de entidades públicas no habrían actuado conforme a sus competencias lo que corresponde al 10%, entre ellas personal de la Fiscalía.
De acuerdo con el informe, hubo 123 violaciones al derecho a la integridad personal; 38 violaciones al derecho a la libertad personal; 6 ejecuciones extrajudiciales; 22 atentados contra el derecho a la vida; 3 casos de violencia sexual; 20 lesiones oculares.
Adicionalmente registró que 81 personas sufrieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.
También al menos tres personas habrían sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales y mujeres policías habrían sufrido violencia sexual de parte de los manifestantes.
Fuente: El Universo
