De una muestra de 26 casos de corrupción revelados en el último año, durante la epidemia de COVID-19, apenas dos cuentan con sentencia, según los registros de la función judicial revisados por este Diario hasta el pasado 23 de febrero, lapso en que este virus ha ocasionado la muerte de más de 15.000 personas en el país.
Una de las sentencias se dio por fraude procesal, por el intento de fuga de Daniel Salcedo, cuya avioneta, de propiedad de Alfredo Adum, se accidentó en Perú; en otro caso se sentenció a un israelí por enriquecimiento ilícito, pues se le hallaron $ 312.000, que él atribuyó a la venta de pruebas rápidas de COVID-19 negociadas con Jacobo Bucaram Pulley.
Del resto de procesos, cinco están en etapa de instrucción fiscal, once en audiencia preparatoria de juicio, dos en juicio y seis en indagación previa. Ahí constan los casos de delincuencia organizada en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de Durán (IESS), y del Guasmo (Ministerio de Salud); por peculado en el Municipio de Quito y en su empresa de Agua, en el Cuerpo de Bomberos de Daule; y por tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas, en Infectología o en la Secretaría de Riesgos.
En total, hay más de 150 investigados en estos 26 casos revisados, 45 detenidos, el resto goza de libertad, usa grillete electrónico (como el alcalde de Quito, Jorge Yunda), o tienen arresto domiciliario (Adum, Jacobo Bucaram o Paúl Granda, expresidente del IESS).
Fuente: El Universo
